La Justicia de Santa Cruz ordenó a la Nación que se abstenga de aplicar, ejecutar o autorizar actos o decisiones que tengan fundamento en la reforma de la Ley de Glaciares en la provincia. Así lo dictaminó el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vazquez.
Se trata de una medida cautelar que abarca en tanto su aplicación pueda llevar a la habilitación de actividades susceptibles de afectar glaciares y/o el ambiente periglacial.
La causa en el juzgado de Vázquez se inició por un amparo colectivo ambiental presentado por las autoridades de El Calafate hasta tanto se dicte sentencia definitiva en esa causa.
La
demanda plantea que la aplicación de la ley reformada derivaría en una
modificación sustancial del régimen de protección de los glaciares y del
ambiente periglacial, ya que reduciría el alcance de las áreas protegidas y habilitaría el desarrollo de actividades actualmente prohibidas en dichas zonas.
Según los querellantes, esto encuadra una
regresión en los estándares de tutela ambiental establecidos por la Ley
N° 26.639, dado que afecta el sistema de presupuestos mínimos previsto
en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que contempla la protección ambiental a cargo de la Nación y las medidas complementarias por parte de las provincias.
En
la decisión cautelar se expone sobre la relevancia que reviste la
protección de los glaciares y del ambiente periglacial, tanto a nivel
global como en el ámbito nacional, regional y local; y se realiza un
repaso por las distintas actividades económicas que se vinculan con los
sistemas glaciares y el ambiente periglacial, en tanto su regulación
y eventual modificación proyectan efectos directos sobre los modelos de
desarrollo de las regiones involucradas.
De tal modo, la medida determinó que los recaudos de la decisión cautelar se encuentran cumplidos, señalando especialmente que “la demora en el dictado de una sentencia definitiva podría tornar ilusoria la protección pretendida, en caso de verificarse la realización de actividades incompatibles con el nivel de tutela actualmente vigente”.
Así, y a la espera de que se dicte sentencia, quedaron suspendidos cautelarmente los efectos de la reforma de la Ley de Glaciares en la provincia patagónica.
